La peste (Fragmento del libro "La Feria de Simoca: 300 años de historia")
Año fatal para Tucumán el de 1966. Pero el anterior había sido cruel, también: había habido agitaciones sociales y movilizaciones de obreros azucareros, porque varios ingenios tenían graves dificultades para financiar la zafra de ese año. El Congreso Nacional había sancionado, ante la aceleración de los conflictos sociales en Tucumán, y en menor medida en las demás provincias productoras de azúcar, una ley de emergencia de la industria azucarera, cuya aplicación estaba demorada. Pero todavía faltaba lo peor: el tiro de gracia apuntado a terminar definitivamente con los problemas de financiación de las zafras, con los graves endeudamientos industriales y los periódicos espasmos sociales que conmovían especialmente a Tucumán: había que terminar, pues, con el flagelo de la superproducción azucarera, y la única manera era disponer el cierre de ingenios, en la cantidad que demandase el mercado para mantener niveles de producción que sostuviesen un precio rentable para toda la agroindustria del azúcar.
El problema fue que todas las fábricas azucareras que debían clausurarse, porque se consideraban obsoletas o deficitarias, pertenecían a Tucumán. Así fue. Ya había caído el gobierno democrático de Illia y asaltado el poder, en los últimos días de junio de 1966, el régimen de facto de Onganía. Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la intervención de siete ingenios, quienes a mediados de agosto no habían podido iniciar la molienda por problemas de financiamiento, lo que naturalmente generó un clima de grave malestar en los sindicatos de cada uno de ellos y contribuyó a ahondar la crisis que arrastraba esta industria en la provincia, con profundas consecuencias sociales entre los pueblos del interior tucumano. La decisión de Onganía era un virtual cierre de esos ingenios, ya que sobre ellos se clausuraban todos los horizontes posibles, como no fuera su inminente liquidación. Después irían cayendo solas, otras cuatro plantas fabriles, por el peso propio de su insolvencia económica. El ingenio Bella Vista, la fuente de trabajo que había dado, desde siempre, el hálito de vida a su pueblo, fue una de las primeras fábricas alcanzadas por el decreto presidencial del 22 de agosto de aquel año fatídico. La pequeña ciudad comenzaría a morir sin remedio, a partir de entonces sólo cabía la esperanza negra del éxodo, de las ausencias irremediables que traerían las migraciones masivas de su gente o la muerte irreductible de niños y ancianos, que quedaban indefensos en medio del naufragio mortal del pueblo vecino a Simoca. Pero el plan de la dictadura de Onganía preveía, en el fondo, la reconversión casi integral de la economía provincial con el montaje de un plan de radicación de capitales que promoviese la diversificación industrial local y la mecanización de los trabajos agrícolas, cuyas medidas se conocieron como “Operativo Tucumán”. No obstante, el programa demandaba necesariamente reducir aún más la producción azucarera, para lo cual se dispuso el cierre de más ingenios, entre los que desde el gobierno militar se consideraban ineficientes, además de expropiar los cupos de producción de caña de azúcar de los pequeños cañeros, en un intento de controlar la producción total de la materia prima.
Luego cerraron los ingenios Los Ralos, Lastenia, La Esperanza y Marapa, Mercedes, Nueva Baviera, San José y Santa Ana. El ingenio San Ramón fue liquidado un poco después, junto a las plantas de Santa Lucía y San Pablo, y antes de la medida del PEN, ya había cerrado sus puertas el ingenio San Antonio, de Ranchillos. Total: En poco menos de un año, 13 ingenios de Tucumán cerraron definitivamente sus instalaciones, algo así como un tercio de la capacidad instalada, en esa época, para producir azúcar. Y alrededor de cada uno de los ingenios que cerraban, había desde luego un pueblo, una comunidad entera de seres humanos que se quedaba sin presente y sin futuro.
¿Qué había hecho antes el gobierno de Illia para evitar este desmadre de la crisis? ¿Por qué ese ataque mortal a la economía regional, debió soportarlo íntegramente Tucumán? Dicen algunos especialistas que ese gobierno democrático había diseñado, en realidad, este paquete de decretos, que luego fue aplicado efectivamente por Onganía. El economista Ernesto Cerro descree, sin embargo, que haya habido intención de aplicar el plan con el grado de alevosía y el carácter intespestivo que lo hizo el gobierno militar, si es que en verdad hubo alguna responsabilidad de la conducción económica de Juan Carlos Pugliese.
Lo cierto fue que en medio del clima de convulsión social del año 65, entre huelgas obreras y espasmos de la economía, el movimiento sedicioso maduraba en el espíritu militar. El sector de los “azules” de la oficialidad del Ejército era el motor de la asonada, que cuajó en la noche del 29 de junio con el golpe de Estado, liderado por Juan Carlos Onganía, uno de los generales que comandaban el bando “azul”, por encima de los “colorados”, de cuño más furiosamente antiperonistas. Sin embargo, la habilitación política del partido de Perón y otras políticas sociales llevadas adelante por Arturo Illia le valieron su acorralamiento por parte de las fuerzas armadas, en cuyo seno seguía vigente la lucha primordial de eliminar al peronismo de la historia argentina. De todos modos, el sindicalismo peronista, dirigido por Augusto Vandor, que controlaba virtualmente la central nacional de los trabajadores, ayudó a crear las condiciones de agitación social, con huelgas generalizadas en todo el país, en los meses postreros del gobierno radical.
Es cierto: desde 1965 la industria azucarera funcionaba en “estado de emergencia”, una declaración que el gobierno de Illia debió dictar de cara a la literal cesación de pagos que había paralizado a siete ingenios, cuyo empresariado confesaba, a su vez, su ruina y la incapacidad absoluta para administrar sus propias empresas. Paralelamente, los ingenios del norte del país habían acudido a la justicia para solicitar la eliminación del Fondo Regulador Azucarero, porque sostenían que controlaba la productividad a los establecimientos más eficientes en beneficio de los ingenios de menor capacidad. ¿Hubo lobby de los industriales azucareros del norte para que el remedio fatal al problema crónico de la economía regional del azúcar cayera principalmente sobre Tucumán?
Lo concreto fue que después de que Tucumán moliese 8.700.000 toneladas de caña en 1965 -en el país se habían molido 13.100.000 toneladas-, el año del crack de la superproducción, la molienda de caña en la provincia alcanzaba en 1966 sólo a 4.700.000 toneladas, sobre un total nacional de 8 millones. En otras palabras: las disposiciones del gobierno militar destinadas a reducir las sobreproducciones futuras, que devienen siempre en impactos traumáticos sobre la economía regional, habían sido una medicina letal para Tucumán, sobre cuyo parque industrial azucarero recayó todo el peso de la corrección económica. Mientras que la producción de azúcar de los ingenios del norte del país casi no se redujo, en Tucumán había caído en un 50%, luego de la intervención de Onganía.
Pero esas ecuaciones técnicas tuvieron su versión humana, porque fue lisa y llanamente el azote de mucha gente de carne y hueso, de espíritus doblados por el hambre y la pobreza, humillados por la indignidad de la desesperación y la moral agachada de impotencia y desesperanza. En primer lugar, hubo desolación detrás del éxodo de casi doscientos mil habitantes de la provincia, según indican los reportes demográficos de la época que dan cuenta de que en 1965 Tucumán registraba 930.000 residentes y que dos años después había 760.000 personas que habitaban la provincia. Cerca de 50 mil empleados de ingenios y obreros del surco y unos 11 mil pequeños cañeros se quedaron sin trabajo entre 1966 y 1969, en tanto que la masa de afiliados de la Fotia, una de las centrales obreras más importes del país, cayó de 40 mil asociados, en 1963, a sólo 5.000, poco después del cierre de los ingenios en la provincia. Toda esa hoguera que encendieron los decretazos militares en el vientre de la sociedad campesina se multiplicó más aún con la reducción de la superficie sembrada de cañaverales, porque significaba también la destrucción de alrededor de 30 mil puestos de trabajo, sin considerar la onda expansiva que alcanzó a un universo vasto de actividades económicas auxiliares de la industria matriz de la provincia, que fue desde siempre el vehículo de distribución de la riqueza más importante de Tucumán.
Otra vez la Feria de Simoca era el refugio inmediato al que acudía la gente de toda la zona de influencia del mercado semanal. Iban en masa desde Río Colorado, Bella Vista, El Polear, La Rinconada, Güemes, El Jardín, M. Pedraza, Las Cejas, Balderrama, Macio, Buena Vista y Pampa Mayo, iban en sulkys, montados a caballos, caminando, en ómnibus o cualquier otro vehículo que pudiese transportarlos a ese lugar donde vaciaban sus lamentos y desesperaciones, sus tristezas y nostalgias. Entre todos se escuchaban y a veces se iluminaba un camino de salida que devolvía una pizca de esperanza. En términos más modernos, podría decirse que por aquellos años aciagos la feria funcionaba incluso como un gran foro de autoayuda, que servía como un canal apto de desahogo de tanto dolor y de la sensación de que el horizonte se había clausurado, pero a la vez se mostraba con la fuerza comunitaria para transmitir el aliento necesario para continuar por encima de la adversidad, y hasta era un banco improvisado de ideas e inquietudes, destiladas por la desesperación, para intentar salir de semejante encerrona del destino. De todos modos, la feria no había perdido su vitalidad, esa energía mágica que unía y reunía todos los sábados a los habitantes del sudeste de la provincia. No era, desde luego, la mística de la alegría y la esperanza de otros tiempos, pero estaba firme junto a tantos caídos a su alrededor. El corazón de este mercado, en efecto, fue siempre el campesinado de esta zona de Tucumán, adonde acudía inconscientemente para la venta de sus productos y el consumo de todo lo que demandara la subsistencia familiar durante la semana. Dolía, en verdad, verlos ahora literalmente derrotados, empobrecidos y hambrientos. Sobre un total aproximado de 2800 pequeños productores cañeros que había distribuido en los campos que circundaban Simoca, sólo quedaban de pie unos 800 campesinos, a quienes los había salvado de la segura muerte económica la experiencia cooperativa. El resto deambulaba en las tinieblas de la desocupación y el hambre, con hijos desnutridos o muriéndose por una simple diarrea frente a tanta indefensión sanitaria.
Pero la feria seguía -ahora más que nunca- con el ritual del regateo para la compra de sus mercaderías, sobre todo las necesarias para la subsistencia diaria, porque ya no tenía el brillo de sus sorpresas y de los productos artesanales o los más inverosímiles, que sólo podían encontrarse en ese lugar. No: la urgencia ahora era comer y lo cierto era que el mercado de los sábados se había convertido en un campo de batalla para regatear precios, un toma y daca en el tira y afloja para comprar y vender las verduras y frutas, las hortalizas y los animales vivos o faenados de quienes habían vuelto a los puestos de la feria a vender su producción doméstica, después de muchos años en que habían podido vivir de la caña de azúcar y sólo caminaban el campo ferial como consumidores habituales, donde se aprovisionaban de todos los alimentos e insumos para la vida de la familia.
Los puestos de sobrevivencia habían vuelto a poblar la feria, a partir de 1966. Eran, por supuesto, ventas mínimas, muchas veces insuficientes para cubrir las necesidades de la propia subsistencia. Algunos llevaban una bolsa de papas, por ejemplo, con la cual en ocasiones debían regresar a su casa sin poder venderla o trocarla por otras mercaderías. El trueque, precisamente, había vuelto con fuerza a este campo de convivencia, donde ahora brillaba el dolor de la pobreza. Tal vez, por eso, la tierra de la Feria de Simoca tenía más atracción que los comercios de la ciudad. En sus puestos, incluso, se podía comer muy barato, a veces hasta trocando por otros productos. No faltaban los que traían algunos bagres o sábalos pescados en los ríos de la zona para cambiarlos por verduras o carne. A veces, se atrevían a incursionar en las calles céntricas y proponían el trueque a los comerciantes, quienes sensibilizados por la amarga situación que los envolvía -y obligados además por sus propias necesidades- aceptaban esta modalidad de permuta de bienes. Hacia comienzos de la década de 1970, el castigo de semejante catástrofe social se sentía todavía con toda la potencia de su deflagración. Las ventas en las tiendas de Simoca, por ejemplo, habían caído en un 80%, mientras que en los almacenes y farmacias se vendía un 60% menos y en las panaderías, el despacho se había reducido a la mitad. Esperaban el sábado, como los presos su día de libertad, porque era el único día de la semana que la gente se movilizaba un poco más y compraba algo en sus mostradores, luego de recorrer la feria. Héctor Valdez era un artesano talabartero, conocido por la calidad de sus trabajos, a quien todo el pueblo llamaba “Padula”. Recordaba que en los mejores años del modelo distribucionista que había eliminado el decretazo mortal de Onganía vendía normalmente cinco monturas por mes y que ahora apenas podía vender un ensillado cada dos o tres meses. Los comerciantes sentían que “había caído una peste sobre el pueblo”. Muchos de ellos debían vivir ahora de las remesas escasas que giraban sus hijos desde Buenos Aires, adonde habían emigrado, sobre todo, espantados por el azote de la desocupación. La oficina de correos local era un reflejo patente de esa realidad: pagaba un promedio de 200 giros mensuales, en medio de tanta parálisis económica. Incluso, las crónicas periodísticas de la época daban cuenta de que, unos años después de 1966 -más precisamente en 1973-, Simoca había sufrido un éxodo tan masivo que de los 28 mil habitantes que había llegado a tener años atrás en todo su distrito, ahora contaba con una población de tan sólo 16 mil residentes estables. La mayoría, claro está, eran personas mayores, mujeres y niños: los hombres en edad productiva habían sido eyectados por la desesperación. Hasta la propia ciudad estaba despoblada: apenas la habitaban 3.363 personas.
Era verdad: la peste había caído sobre Simoca. El virus de esta plaga negra que se transmitió por todos los campos minifundistas era justamente la resolución del ministerio de Economía de la Nación que había expropiado los cupos de aquellos cañeros chicos, cuya cuota de producción fuese menor a ocho toneladas, para reducir y controlar la producción del azúcar en Tucumán, con lo cual había condenado literalmente a la postración económica a miles de campesinos de todo el sudeste provincial. El área de Simoca producía hasta 1967 un total que superaba las 300 mil toneladas de caña de azúcar, un año después la producción había caído en un 40%. La situación, en efecto, en los pueblos que de una u otra manera orbitaban a Simoca no era mejor, era muchas veces peor aún. Siempre hubo sufrimientos sociales, sobre todo en los sectores más débiles, como el campesinado, cuyas pequeñas unidades de producción los hacía siempre una presa fácil de los vaivenes naturales de la actividad azucarera. Este quehacer productivo podía llegar a ser altamente rentable, pero de pronto los precios internacionales caían y no había producción industrial, por abundante que fuera, que pudiese resistir su embate. Los industriales y los grandes terratenientes salían golpeados, desde luego, pero tenían mayores y mejores anticuerpos económicos y financieros, que les proporcionaban un escudo protector contra las tormentas devaluadoras de los precios del azúcar. En cambio, los pequeños productores cañeros se mostraban casi siempre inermes frente a estos temporales económicos. Pero las adversidades no pasaban de un año de precios bajos para las cosechas, lo cual muchas veces movilizó a Ucit y Fotia juntos en grandes huelgas, más allá de sus diferencias, en defensa de mejoras salariales y del precio de la caña. Ahora, en cambio, les habían sacado su producción, les habían cortado las manos con la prohibición de continuar produciendo caña, porque no podían seguir cultivándola sin cupos ciertos que les permitiesen vender sus cosechas con un destino seguro, y a los trabajadores de Fotia les habían cerrado sus fuentes de trabajo, todo lo cual desató un período de gran conflictivad social. Estaban postrados y de rodillas, sus campos se morían y nada podían hacer para salvarlos. Sus fincas de dos o tres hectáreas tampoco les permitían intentar diversificar los cultivos, como no fuera para el consumo doméstico o para su venta en la feria, porque necesitaban un capital mínimo para hacerlo e igualmente carecían de fondos y a esa altura de los hechos los créditos bancarios estaban absolutamente suspendidos para ellos. En los mejores años de la actividad azucarera, incluso hasta antes de 1966, la sucursal de Simoca del Banco de la Provincia de Tucumán tenía una cartera de 1250 clientes cañeros, hacia 1970 sólo quedaban 150. Muchos campesinos recordaban que en los surcos habían llegado a trabajar hasta 6000 zafreros, mientras que ahora sólo pelaban unos 600 trabajadores. El cupo había sido siempre el único capital de los campesinos y, a la vez, la garantía segura ante las instituciones financieras para que les renovasen sus créditos. Ahora se los habían quitado, definitivamente.
El cierre masivo de los ingenios azucareros -y todas las medidas complementarias- fue, en verdad, un puñal clavado en las espaldas de miles de trabajadores del campo y de las fábricas, de los campesinos y de tantos que de tan diversa manera dependían de esa actividad económica. Una peste medieval que asoló al pueblo trabajador: de la noche a la mañana cientos de miles de tucumanos habían quedado en la más absoluta indefensión y con una avalancha de dolor y desesperación que ocultaba por completo el futuro. A doscientos mil tucumanos no les preguntaron si preferían cambiar de vida y de territorio, fueron expulsados de la provincia, obligados a buscar otros horizontes -si los había- en los cordones de miseria que ceñían a la Capital Federal. Otros tantos decidieron quedarse en la provincia sin más alternativa, desafiando a la misma muerte que pisaba sus talones, vestida de hambre, desocupación y enfermedades en una marcha franca de virus y bacterias de toda laya que avanzaba sobre niños desnutridos y ancianos hambrientos. En Simoca, la muerte rondaba sobre los niños con uno de los índices históricos más alto de mortalidad infantil: 180 por mil. La desnutrición, a la vez, se enseñoreaba con un registro del 40%. Hasta los médicos de los centros sanitarios de Simoca clamaban para que se le devuelvan los cupos a los cañeros chicos, cuyos hijos, por otra parte, desertaban en masa de las escuelas de la zona, lo cual había obligado incluso a cerrar algunos establecimientos escolares.
Fue casi un plan premeditado para excluir a la provincia más azucarera del país del destino de esa actividad industrial en la Argentina. Roberto Pucci definió como “sacarofobia” a lo que él también calificó como “el compendio del mal encarnado en la historia del azúcar en Tucumán”. “El mal en un sentido moral -juzga el investigador e historiador tucumano-, porque sus propietarios habían sido unos malvados explotadores, ricos ausentistas y ladrones del fisco; el mal en un sentido físico o material, porque los sacarófobos imaginan que los ingenios tucumanos no son más que chatarra obsoleta, y el mal en un sentido histórico, porque la sola palabra azúcar evoca a unos industriales presuntamente incompetentes que impusieron un modelo de sociedad retrógrado, edificado sobre la injusticia social”. Y concluye, de inmediato, con preguntas que pone en boca de los sacarófobos que sueñan con el fin de la historia azucarera de Tucumán: “¿Cuándo terminará la pesadilla del azúcar? ¿Cuándo dejaremos de escuchar reclamos provenientes de esa provincia?”.
(C) Hugo Morales Solá
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Fuentes:
- Archivo Histórico de Tucumán.
- Archivo de La Gaceta.
- Municipalidad de Simoca.
- Archivo de Indias. Portal de archivos españoles en red
(PARES). www.pares.mcu.es/
- Biblioteca de la H. Legislatura de Tucumán.
- Instituto de investigaciones históricas “Prof. Manuel García
Soriano” de la Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA).
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